El 21 de Octubre de 2013 el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el carácter retroactivo de
la conocida como “Doctrina Parot” vulneraba el Convenio Europeo de Derechos
Humanos. Nada más conocerse la sentencia todos los focos se centraban en los
presos de ETA, al ser una doctrina que se implementó con el objetivo de poder
alargar las condenas de la banda terrorista, como medida antiterrorista, pero
también por el hecho que el recurso presentado ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos contra esta fue de Inés del Rio antigua miembro de ETA, y
actualmente en libertad. Tanto la izquierda como la derecha iniciaron un debate
donde se ponía en contraposición los derechos humanos con las víctimas del
terrorismo, además de ser un debate con argumentos banales se pasó por alto que
esta sentencia repercutía en la condena de presos que están encarcelados por diversos
temas, problema que actualmente empieza a emerger en la escena pública al ver
como se están liberando a expresos relacionados con agresiones sexuales y/o
asesinatos.
Bien, en la política resulta
bastante ingenuo pensar que algo pasa por casualidad, es decir, creer que esta
sentencia ha cogido al gobierno del Partido Popular totalmente de improvisto o
que no se la esperaban seria acatar aquello que se transmite de forma oficial por
un partido político y eso es algo que una sociedad nunca se debe permitir, al
menos sin revisar la información antes. Pongámonos en situación, esta sentencia
llega en uno de los momentos más delicados de este país, con una crisis a la
que el gobierno actual está respondiendo con recortes en los servicios públicos,
y duras leyes que están liquidando tanto derechos laborales como sociales. Este
contexto nos lleva a pensar que actualmente una puesta de presos en libertad
nos aleja mucho del ideal de convivencia social que cualquiera puede tener en
mente, al no contar con una garantía de que el estado tiene mecanismos para
responder ante tal panorama, y no me
refiero a los presos de ETA. Me estoy centrando en aquellos presos que sí son
verdaderos peligros para la sociedad ya que salen sin ningún arrepentimiento y
sin ningún certificado que acredite su rehabilitación, ¿Cómo piensa el gobierno
insertar a estos excarcelados en un país con servicios sociales saturados, o
suprimidos? ¿En una sociedad con más sed de venganza que nunca ante casos
semejantes? Pues bien la respuesta parece que ya estaba tomada antes de que
surgiera el problema de su libertad.
Con una mayoría absoluta como la
que goza el Partido Popular y con los precedentes de los conocidos como “decretazos”
que llevamos viviendo estos dos años se pueden prever algunas medidas que no
son nada alentadoras para los derechos civiles de este país. Como son un
endurecimiento de los cuerpos nacionales de policía, un mayor sometimiento a la
vigilancia por parte del estado a cualquier ciudadano excusándose en garantizar
la seguridad en las calles, un endurecimiento de las condiciones presidiarias
así como restricción de derechos a todo tipo de excarcelados, pero sobretodo la
clave de este articulo, no olvidemos que hay parado un proyecto de Ley de este mismo gobierno donde se pretende establecer la
cadena perpetua revisable (como ellos la denominan), este proyecto ha sido
criticado por diferentes órganos judiciales, partidos políticos y movimientos
sociales, fundamentando que tal proyecto de Ley va en contra del mandato
constitucional a que “toda pena privativa de libertad debe estar orientada
hacia la reeducación y la reinserción” (articulo 25.2CE) y no amparándose en la
venganza que es el valor fundamental con el que nace esta medida. Pero si la
conspiración política nos ha enseñado algo a lo largo de la historia es que el factor clave para legitimar una medida impopular
es generar la necesidad de esta. Y en esas nos encontramos, con la puesta en
libertad de presos socialmente peligrosos que generan una alerta social por el
gran sentimiento de inseguridad que provocan, es decir nos abocamos a entrar en
la tan recurrente doctrina del miedo; periodo
social donde se dan las circunstancias adecuadas para acatar cualquier medida
estatal por más dura y antinatural que sea excusándose en que es necesaria ante
la convulsión social. Tal y como se está enfocando este conflicto es ideal para
la situación del gobierno ante el problema porque no se les reconoce como los
originarios de este por lo que no han de responder ante el origen pero si
pueden presentarse ante la sociedad con una solución apaciguadora ante la
inseguridad social, aunque por el camino haya que suprimir diferentes derechos.
Se puede pensar que esto es la
ocurrencia de alguien que se ha sentado frente al ordenador a afirmar lo
primero que se le pasa por la cabeza, pero si fuera así se podría ir más allá y
pensar en una ley que legalice el uso de armas en nuestro territorio que podría
ser defendida con los mismos argumentos que se utilizan en EE.UU., el de la
seguridad ciudadana ante posibles delincuentes o asesinos. Pero cualquier
estado que no tenga a la asociación nacional del rifle detrás sabe que el
problema que genera esta política es potencialmente más peligroso que el
conflicto de por sí, así que sería alejado de toda realidad afirmar esto.
O simplemente es posible que el
gobierno no actuara porque estaba obligado a acatar esta sentencia, y todo lo
que se ha hablado hasta aquí es mera conspiración, pero para afirmar esto
siempre hay que echar mano de la hemeroteca y de aquí surge una pregunta ¿Por
qué el gobierno del PP no ignoro esta sentencia de Estrasburgo? A caso no es el mismo partido que en 2002 afirmaba que
los fallos del Tribunal de Estrasburgo (mismo
tribunal que tumba la “Doctrina Parot”) son
declarativos y sin efectos ante una sentencia que criticaba la falta de
imparcialidad en los Tribunales Militares. ¿O
es que por el contrario esta resolución puede legitimar alguna política futura
del gobierno? Bueno seguramente solo sea una confabulación y todo es una
mera coincidencia temporal, los precedentes no llevan a desconfiar de ningún gobierno.
Félix Valle
