sábado, 8 de noviembre de 2014

La necesidad del 10N

El agotamiento del debate público sobre el 9N ha convertido en que este día sea esperado como uno de los más ansiados de la historia reciente de Cataluña, no sé si tanto por su repercusión a la práctica sino por la necesidad de cambiar el marco sobre el que giraba hasta este día el proceso soberanista, y así empezar a elaborar un plan que vaya más allá de la fecha fijada, que a la larga se ha visto que fue un fallo estratégico porque limitó en espacio temporal la hoja de ruta.

Hemos llegado al 9N quizás con un escenario y circunstancias que nadie en Cataluña quería por su poca viabilidad. Lo que vaya a suceder el 9N sin ser lo que Artur Mas tenía en mente, va a ser al único que le sirva para cumplir con su promesa de convocar una consulta, y aplazar hasta las elecciones el juicio de la sociedad catalana sobre la dirección que ha llevado de este tema. El proceso participativo que se va a celebrar gozará de relevancia internacional por su movilización social porque pondrá de manifiesto la voluntad de gran parte de la población de Cataluña, se estima que el 80%[1] quiere votar la relación que deben tener con España. Pero en cambio dejará entrever la carencia de los métodos empleados, hablar de este proceso como consulta es faltar al rigor, este acto del 9N que se sustenta por la gran voluntad e implicación de los voluntarios de la Asamblea Nacional de Catalunya no cuenta con criterios legales básicos para su reconocimiento, tiene fallos de: neutralidad institucional, falta de periodo para el debate donde se postulen las diferentes opciones con igualdad y no discriminación, y mecanismos para garantizar la fiabilidad de la votación y recuento de votos.

Desde España siguen mirando a este proceso como si fuera el capricho de cuatro independistas con los que llegó tarde la voluntad del ministro Wert de españolizarlos. Y esto va mucho más allá cuantitativamente, sobretodo cada vez que un miembro del Gobierno de España se pronuncia sobre el tema. Este Gobierno ha hecho un claro abuso de poder que atenta contra la separación de poderes, ya bastante difusa en España, utilizando al Tribunal Constitucional como un órgano de poder más para tumbar la convocatorias de consultas que salían desde el órgano legislativo de Cataluña. Con estos hechos hemos llegados a un 9N donde parte de la sociedad catalana tiene miedo a posibles represalias jurídicas y/o administrativas por ser participe en el acto ya sea como voluntario o como simple votante, potenciado por el traspaso de toda responsabilidad de Mas a los voluntarios. Este sentimiento por vincularse o participar en unas votaciones jamás se pueden dar en un país democrático, quizás el Gobierno del Partido Popular deba pasar un control parlamentario y judicial por haber cruzado ciertas líneas democráticas, algo de lo que tanto acusan a dirigentes políticos catalanes. 

Hacer comparaciones radicales es inherente a los extremistas de cada bando, aquellos que tienen másters en hacer relaciones absurdas entre aquellos que son opuestos a su ideología con los nacionalsocialistas alemanes que se alzaron con el poder en 1933. En cambio sí se puede afirmar que este proceso ha dividido o al menos posicionado de una manera más clara en el eje nacional a la sociedad catalana. Esta realidad no tiene por qué entenderse como negativa sino como una materialización del principio causa-efecto que surge del nacimiento de cualquier debate político, en este caso de la relación Cataluña-España a raíz de ciertos conflictos políticos, del cual se marca como punto de partida la sentencia del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya.

Aunque parezca difícil de imaginar a día de hoy después del 9N hay vida, y el proceso seguirá ocupando portadas hasta que no haya voluntad desde ambas partes por negociar una fórmula para elaborar una consulta que sea reconocida internacionalmente, y donde cada opción a la pregunta pueda elaborar su proyecto: de país, de federalismo o de autonomía. Sin olvidar mientras tanto que los problemas económicos, sociales e institucionales siguen su curso independientemente a este debate y que no hacerles frente es una omisión de responsabilidad, así como pensar que la resolución de este tema arregla todos los demás.  

Espero que el 10N no nos tengamos que avergonzar de pertenecer a un país,  que no es capaz de poder sacar adelante un proceso participativo que tiene que ser amplio e inclusivo, o que no sabe respetar la voluntad popular de una parte de su población creando escenas propias de otra época histórica. 


[1] (pag.15)