El sistema democrático
de España está en peligro. Esta afirmación propia de inicios de los años 80 con un aparato militar
amenazando con imponerse ante la soberanía popular, está más de actualidad que
nunca. Son varios los hechos que han llevado recientemente a que se piense que
el sistema democrático de España se desmorona: un poder ejecutivo secuestrado
por el poder económico y financiero, una separación de poderes con las líneas
cada vez más diluidas, un total rechazo a la participación ciudadana en
referéndums… Pero por si había pocos factores, el gobierno del Partido Popular ha querido añadir más leña al fuego
con un proyecto para reformar la Ley
electoral, y no precisamente para satisfacer el viejo y justo reclamo de
Izquierda Unida (y más recientemente de partidos minoritarios) ante una ley
electoral injusta en el reparto de votos, sino una reforma que imponga que el alcalde con más votos sea el que gobierne.
El despegue de Podemos al cual en cada barómetro de intención de voto
cada vez se le otorga unos porcentajes de votos más elevados, así como el
aumento de partidos, que hasta ahora apenas jugaban un papel secundario en la
política española, se le añade el declive de un gobierno al que le pasaron
factura sus políticas impopulares en las elecciones europeas perdiendo 5
millones de votos. Ha motivado la necesidad en el ejecutivo de Rajoy de
reformar el sistema de alcaldes a nueve meses de las respectivas elecciones, hecho que vulnera las
recomendaciones del Consejo de Europa que en su capítulo 2 articulo 2.b dice: “los elementos fundamentales del derecho electoral, y en particular, el sistema electoral propiamente dicho,la composición de las comisiones electorales y la distribución de las circunscripciones no deben ser modificados menos de un año antes de las elecciones”. Amparándose en este artículo y otras garantías democráticas que ofrece
la jurisdicción europea, IU y UPyD presentarán un recurso ante el Consejo de
Europa y la OSCE (Organization for
Security and Co-operation in Europe) en busca de que se inhabilite una
posible reforma.
Como muy bien
recoge Pablo Simón en su artículo “Destellos de ilustración electoral”,
Jorge Urdánoz, exparlamentario del PSN y experto en leyes electorales, hace una
distinción entre manipulación y diseño electoral, siendo el primero la manera
de diseñar una ley que beneficie tus intereses y el segundo la forma de
disfrazar esta reforma ante la opinión pública. El Partido Popular en este caso tiene una clara intención que es
mantener una serie de alcaldías importantes que peligran ante posibles pactos
de la izquierda, y disfraza su reforma en la legitimidad de la opción más
votada debe ser la que gobierne. Pero ni este argumento se sustenta si de
representación hablamos, ya que las
coaliciones de dos partidos siempre suman más votos que la candidatura ganadora
por lo que si gobierna la coalición estará representando a una cantidad
superior de gente. Lo que el gobierno quiere premiar es el voto individual imponiéndolo
ante la voluntad popular hecho que provoca lo que muy bien refleja esta
frase de Thomas Jefferson (autor de la Declaración de Independencia de EstadosUnidos de América).
Un Partido
Popular que en su campaña por desprestigiar a Podemos ha utilizado entre sus
recursos vincular al partido de Pablo Iglesias, y a él personalmente, con el
gobierno de Venezuela al que consideran un dictadura por haber modificado las
leyes para que el Partido Socialista Unido de Venezuela primero con Chávez y
luego con Maduro se perpetuaran en el poder. Parece que tiene una diferente vara de medir para calificar su reforma
electoral con las que modifica las reglas del juego democrático en España para
mantener poder, ciertamente en busca del mismo objetivo e igual de perverso y
antidemocrático.
Este no ha sido
el único intento de reformar la Ley desde un ejecutivo, a las elecciones de
2004 el PSOE liderado en ese momento por Zapatero, recogía en su programa electoral una
propuesta para reformar la Ley electoral (página 33 del programa). La derecha mediática presenta la actual reforma como una prolongación de la propuesta socialista de
2004, para hacer ver un que no existe consenso en tal materia. Ya que la
propuesta de Zapatero aunque quizás en su espíritu tenía la similitud de que
gobernara quien más votos tenía, en su forma era diferente ya que lo que
proponían eran una elección <<simultánea pero diferenciada entre
concejales y alcaldes>> en un
sistema a dos vueltas, por lo que cabe la posibilidad a coaliciones y no se
premia exclusivamente el voto personal. Aquella reforma no se llevó a cabo ya
que no gozó del consenso necesario entre partidos, en similitud con la actual
propuesta, con la única diferencia que en 2004 no hubo una mayoría absoluta y
actualmente sí.
Cuando se habla
de esta reforma se puede calificar de muchas formas pero si se habla con
propiedad, decir que no es legítima o no que no tienen derecho a llevarla a
cabo es ser pocos rigurosos ya que la Constitución marca unas cuotas de escaños
para cambiar un seguido de leyes, y en el caso de la Ley electoral el Partido
Popular con su mayoría absoluta la cumple. Otro tema es si hablamos de ética y respeto del juego democrático, donde claramente
nos encontramos con elementos que están más cercanos al juego sucio que al
respeto de la democracia. Existen caso de actitudes similares como De
Gaulle que variaba la demarcación de los distritos según reflejaran las
encuestas para modificar el resultado final; pero en España por el momento no
se había producido actitudes similares sin tener en cuenta que ya gozan de una
ley electoral que con sus circunscripciones y reparticiones de escaños entre
estas, les han beneficiado mucho a lo largo de estos casi 40 años de democracia
tanto al PP como al PSOE, dificultando así la llegada de nuevos partidos.
Este acto de aferrarse al poder demuestra un claro
pánico por la elite política conservadora ante posibles cambios en la dirección
del país partiendo desde las alcaldías hasta a un posible bloque de izquierdas que
pueda llegar a la Moncloa. Por eso aparte de los intentos
de desprestigio a Podemos van a intentar modificar las reglas del juego para
poder garantizarse el privilegio de manejar el país e imposibilitar que se levante la alfombra del país para que no se sepa
que se ha escondido debajo de ella en estos casi cuarenta años de democracia.
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