La nacionalidad, la otra valla a saltar

A lo largo de lo que llevamos de crisis en España se han producido reformas legislativas que han variado la naturaleza del estado, quizás hasta que el país no salga a flote no seremos conscientes de todos los pasos atrás que se han dado en materia de derechos con diferentes reformas legislativas durante estos años. Uno de los retrocesos más flagrantes lo están sufriendo los que llegan a este país, los inmigrantes, que ahora a la suma de hechos racistas que sufren por segmentos de la sociedad, y la explotación laboral a la que son sometidos por su condición de recién llegados, se le suma el racismo institucional. Este concepto acuñado en 1960 por Stokely Charmichael y Charles V. Hamilton (activistas del Poder Negro) se refiere a todas aquellas discriminaciones que practican instituciones u organismos gubernamentales por motivos de raza. Esta práctica discriminatoria está aumentando en España en los últimos dos años, y uno de los escenarios donde más se pone de manifiesto es en las concesiones de nacionalidad española.

La denegación de nacionalidad española se está potenciando gubernamentalmente, así lo reflejan los datos, en el periodo 2006-2009 conseguían la nacionalidad española el 95% de los solicitantes actualmente este porcentaje bajó hasta el 62% en 2013. Esta reducción coincide en el tiempo con la atribución que se hizo en 2012 desde el ejecutivo del Partido Popular de la potestad de revisar expedientes a los Registradores de la Propiedad, un colectivo que forma parte del funcionariado que tiene como función natural crear titularidad en virtud del poder público, y la publicidad de la situación jurídica del inmueble, unas funciones que poco tiene que ver con la materia migratoria. Por lo tanto este personal no goza de la formación necesaria para valorar estos casos, además la falta de un procedimiento establecido para que actuen en la concesión de nacionalidades ha convertido este proceso en algo impredecible y arbitrario que depende de la voluntad del funcionariado.

Puntualmente este procedimiento impropio de un estado de derecho aparece en la luz pública, siempre de la misma forma, por motivo del revuelo que despiertan las preguntas que los jueces formulan a las personas que solicitan la nacionalidad. Estas preguntas forman parte del proceso, y corren a voluntad del juez ya que no hay ningún procedimiento que fije un examen; por lo tanto la elección, corrección y designación del veredicto trascurren a cargo del aparato burocrático fuera de un marco legal, ya que no existe. Las preguntas que recorren parte del panorama cultural español intentan demostrar si la persona está integrada culturalmente en el país, siendo de un nivel educativo que replantea si alguien nacido en el país las respondería correctamente (con preguntas trampas incluidas), estos son una serie de ejemplos:

Preguntas del juez para obtener la nacionalidad española

¿En qué año descubrió América Cristóbal Colón?

Número de habitantes de España.

¿Quién fue Carrero Blanco?

¿Qué animal vaticinaba los resultados del mundial y cuál era su nombre?

Nombre a cinco reyes de España

Nombre de la mujer del Presidente de España.

¿España es un país católico o laico?

Este cuestionario aleatorio, y excesivo para conocer simplemente la integración de una persona en España, se encuentra dentro de un proceso que resulta realmente duro para las personas que solicitan la nacionalidad. Ese aproximadamente 40 % de denegaciones en el que nos encontramos actualmente, pueden obtener este veredicto negativo por diferentes motivos como: antecedentes penales, falta de integración, conducta cívica, falta de residencia y otros. Para las fundamentaciones por la falta de integración se amparan en el test que le haya formulado el juez, que no tiene ningún patrón para designar el resultado. Quien pasa el test, cumplir los otro requisitos no es más sencillo, se ha de gozar de un expediente totalmente limpio de cargos penales (entiéndase también infracciones como conducir bajos los efectos del alcohol, por ejemplo), cumplir con todo el “papeleo” y tramites burocráticos dentro de los plazos establecidos, siendo estos en ocasiones verdaderas trabas legales, y por último cumplir con una residencia en el estado que puede ir desde los 2 años para Iberoamericanos y antiguas colonias españolas, hasta 10 años ininterrumpidos en caso de los marroquíes. 

El Partido Popular pretendía que este cuestionario alegal, se convirtiese en un procedimiento regulado para evitar su carácter discrecional y equipararlo así a procedimientos similares a los que efectúan Alemania, EEUU o Reino Unido, mediante la nueva Ley de Registro Civil que homogeneizara y diera uniformidad al proceso, pero este proyecto de ley quedó apartado tras no haber encontrado a los actores para asumir la gestión, por lo que el uso abusivo del cuestionario sigue trascurriendo diariamente en las salas de los registros civiles de toda España.

Si de verdad se quiere encontrar una solución a esta práctica discriminatoria contra los inmigrantes en la que se dificulta su adquisición de derechos mediante la denegación de la nacionalidad, no nos podemos quedar solo con la estupefacción delante de las preguntas y se tiene que poner una solución política a un problema que es político, se debe pedir responsabilidad a los encargados de la transferencia de potestades en la concesión de nacionalidades a registradores de la propiedad, y pedir que se encarguen de esta materia personal cualificado específicamente para la misma. Así como pedir transparencia y una regulación de todo el proceso que conlleva la adquisición de la nacionalidad. Como sociedad de un país desarrollado tenemos que acabar con esta valla imaginaria que la única diferencia con la de Melilla es que no se tiene que hacer un esfuerzo físico, pero está igualmente llena de cuchillas y contempla tantos dramas o más. 

*Articulo publicado en catalán en http://revistatreball.cat/la-nacionalitat-laltra-tanca-a-superar/